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  • Observatorio Zoom

Un verdadero plan

En Paraguay por Ley las instituciones o entidades del Estado deben tener dentro de su plantel un 5% de funcionarios con Discapacidad. La entidad responsable del cumplimiento de esta normativa es la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual realiza un seguimiento constante del cumplimiento de las metas establecidas.


Lo cierto es que existen diversidad de intenciones, propuestas, acciones en torno a la inclusión laboral, por ejemplo, las personas con discapacidad en las propuestas para los candidatos presidenciales pidieron que se contrataran por lo menos 2.000 personas cada año; en este contexto como observatorio Zoom hicimos la pregunta: ¿Cómo se lograría el alcance del 5% en cada OEE del país, durante este periodo de gobierno? A lo cual desafortunadamente no pudimos obtener una respuesta concreta.


La SFP comenta que periódicamente elabora un reporte sobre el cumplimiento del 5% por parte de las OEE, en su último reporte de octubre de 2019, podemos destacar los siguientes datos:

● En la actualidad hay 2.180 funcionarios con discapacidad, frente a un total de 309.785 del total del funcionariado público. De lo cual se puede deducir que las personas con discapacidad que trabajan para el Estado no alcanzan ni el 1% en su totalidad.


● Solo 29 organizaciones o entidades del Estado han cumplido el 5% de funcionarios con discapacidad, estas equivalen al 6,9% del total de entidades públicas.

● 214 organizaciones o entidades del Estado del total de Entidades Públicas (413), han contratado algunas personas con discapacidad, sin llegar al porcentaje mínimo.

● 149 organizaciones o entidades del Estado aún no han intentado la contratación de personas con discapacidad.

● 22 OEE no reportan información a la SFP.

● Hay 773 mujeres con discapacidad frente a 1.447 hombres con discapacidad como funcionarios públicos actualmente. Es decir, que solo un 34% de los funcionarios públicos con discapacidad son mujeres.

● 1.523 funcionarios con discapacidad tienen un vínculo laboral permanente y 657 tienen contrato temporal.

● 394 organizaciones o entidades del Estado no cuentan con su plan de inclusión de Personas con Discapacidad, solo 13 OEE cuentan con planes de inclusión que han completado el proceso y 6 están cumpliendo los requisitos para su plan.


Según una investigación realizada por la Fundación Saraki con reportes de nómina a junio de 2019, el 55% de los funcionarios tienen discapacidad física, cerca del 25% de los funcionarios solo cumplen acciones administrativas y la mayoría esta reportado como auxiliares u operativos, el 79% de los funcionarios ganan de un millón de guaraníes hasta dos salarios mínimos legales vigentes, cerca de 900 funcionarios con discapacidad alcanzaron el bachillerato.


Según el censo de Paraguay de 2012 la Dirección General de Estadísticas y Censos, proyecta que para 2019 puede haber cerca de 314.815 personas con discapacidad en edad laboral, lo que conlleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que teniendo una Ley desde el 2004 y una modificatoria en el 2008, se hayan logrado tan pocas contrataciones y las entidades del Estado no capitalicen el potencial que se encuentra en las personas con discapacidad?


Reconocemos el esfuerzo de la SFP en el seguimiento de este tema, no obstante solo existe una funcionaria en la Dirección de Políticas de Inclusión y no discriminación, siendo poco el recurso humano designado por parte del Estado, para invertir en el cumplimiento de la Ley de incorporación de personas con discapacidad en el sector público.


En la elaboración de la Ley y su decreto reglamentario, se definió una sanción económica para la máxima autoridad de las OEE que no cumplen, no obstante la aplicación de esta sanción no es posible por incompatibilidades legales para la operativización, por ello existen reales dificultades para hacer exigible a las organizaciones y entidades del Estado el cumplimiento de mínimo el 5% de funcionarios con discapacidad.


En la actualidad la aplicación de la Ley depende de la voluntad política de la máxima autoridad de cada OEE y aunque se hacen trabajos de sensibilización, la rotación de autoridades debilita un sistema en donde se generaliza el desconocimiento y la ausencia de un compromiso real.


La SFP, ante la exigencia de la Ley 6.992 que declara en emergencia el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, conformó un grupo de análisis jurídico para el análisis de las sanciones, quienes resolvieron que la única alternativa viable según su criterio técnico, es hacer una nueva Ley y definir mejor el sistema de control y sanciones para dar una verdadera exigibilidad. No obstante la alternativa de trabajar en una nueva Ley tomará mucho tiempo y esfuerzo.


Si bien la SFP envía las cartas y sugiere la elaboración del plan, ¿cómo se hace el seguimiento para que todas OEE respondan y cuál es el plan de acción a ejecutar en el 2020 para asegurar que las 413 entidades del Estado tengan su plan de inclusión laboral de personas con discapacidad y llegar a 2000 contrataciones?


Aún si el sector público cumpliera son muchas personas con discapacidad buscando trabajo o en edad laboral, y se conoce que la empresa privada ya cuenta con algunas iniciativas, a veces con mayor visibilidad que la contratación pública, pero se requiere que se encuentre una solución para incentivar a todo el sector privado, lograr el cumplimiento del sector público y tener un sistema de apoyo a emprendimientos.


Sabemos que es preocupante el nivel educativo de las personas con discapacidad para acceder a un trabajo o formar su propio negocio, por esto es necesario iniciar planes desde el Ministerio de Educación para que las personas con discapacidad puedan terminar su primaria y bachillerato de forma acelerada y así acceder a carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, que les permitan lograr un mejor cumplimiento del perfil laboral que se requiere tanto como en el sector público y privado.


El equipo del observatorio Zoom plantea la necesidad de un trabajo articulado para elaborar un Plan en el país por el derecho al trabajo y el empleo de personas con discapacidad, debe incluir a Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y la SFP, deben estar unidos para accionar de forma conjunta con la sociedad civil sino no se puede lograr este gran desafío lograr la coherencia y conexión entre el sector educativo formal, la educación para el trabajo y la demanda laboral pública y privada, pero si se continua el trabajo desarticulado, continuará la discriminación y el derecho al trabajo y el empleo de personas con discapacidad no es un anhelo, es una necesidad eminente, que requiere un plan real con responsables, acciones con fechas y presupuesto.

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